Colima se convierte en el primer estado de la República Mexicana en garantizar la educación básica y media superior técnica en los Centros de Reinserción Social.
Por: Linda Illanes
Como Licenciada en Derecho, he tenido la oportunidad y el gusto de trabajar en actividades relacionadas con el Sistema Penitenciario Estatal, y por lo tanto, con la Reinserción Social, temas que históricamente han sido relegados, y que son fundamentales para reducir los índices de reincidencia delictiva.
Con la reforma del año 2008 al artículo 18 de la Constitución Federal, se cambió el paradigma de Readaptación Social a Reinserción Social, es decir, se dejó de ver a la persona que cumple una pena como “desadaptada” y como sujeta a un “tratamiento” que logre su “readaptación”.
Posteriormente, la reforma Constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos, estableció que el Sistema Penitenciario debe tener como base el respeto a los derechos humanos “del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”.
Sin embargo, a pesar de las reformas, las cifras respecto al hacinamiento, condiciones insalubres y la constante violación de derechos humanos al interior de los centros penitenciarios a nivel nacional no cambiaron significativamente.
En Colima, a partir de la entrada de la administración estatal actual se han observado esfuerzos importantes por transformar la realidad del Sistema Penitenciario local, desde el fortalecimiento de las estrategias de condiciones y medidas de seguridad; la gestión de la Gobernadora Indira Vizcaíno para la obtención de mobiliario, uniformes y equipamiento para elementos de custodia y personal administrativo a través del Programa de Prioridad Nacional; así como las diversas actividades educativas, recreativas y familiares impulsadas por los propios centros e instituciones del Gobierno del Estado, como el Instituto Colimense de las Mujeres, del DIF estatal, e incluso de la Delegación de Programas para el Bienestar del Gobierno Federal; actividades que contribuyen a generar comunidad y esparcimiento en la población penitenciaria y que son un parteaguas en la dinámica administrativa del Sistema Penitenciario en nuestro estado.
Observando esta voluntad política, tuve el gusto de gestionar con la Diputada Sonia Hernández del Grupo Parlamentario de Morena, la presentación de una serie de iniciativas que surgieron a partir de la observación de problemáticas y necesidades, teniendo como objeto garantizar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Algunas de estas iniciativas fueron aprobadas previamente y se relacionan con temas de derechos de las mujeres privadas de la libertad, reconociendo hoy su situación como “vulnerable” en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Colima.
Así mismo, el día de ayer, 25 de enero de 2024, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas y adiciones a la Ley de Educación local que convierte a Colima en el primer estado de la República en establecer que las autoridades penitenciarias y educativas procurarán la impartición de educación básica y media superior técnica con la finalidad de brindar las herramientas necesarias a las personas privadas de la libertad para lograr una efectiva reinserción social. Siendo lo anterior algo novedoso puesto que la educación técnica no se encuentra prevista de forma específica en la Ley Nacional de Ejecución Penal, reiterando que representa una oportunidad al alcance para obtener una profesión al interior de los Centros Penitenciarios.
La reforma incluye la garantía del derecho a la educación bilingüe y acorde a su cultura para las personas indígenas, así como la celebración de convenios con Universidades públicas y privadas para fomentar la educación superior.
Todo lo anterior es parte de las medidas legislativas que se han tomado para una aplicación efectiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme al transitorio quinto de dicha ley.
Para el estudio de la viabilidad de esta iniciativa, se trabajó desde el Congreso del Estado, en específico las iniciadoras de la propuesta, las Diputadas Sonia Hernandez y Myriam Gudiño con las Comisiones Legislativas, en coordinación con el Sistema Estatal Penitenciario, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación y Cultura, y la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, todas, del Gobierno del Estado de Colima, con quienes se hicieron recorridos en el área educativa y productiva del CERESO en el municipio de Colima. Así mismo, se solicitó información, criterios técnicos y de viabilidad presupuestaria, haciendo un trabajo que llevó aproximadamente un año de estudio y análisis, que culminó en la aprobación de esta iniciativa en materia de educación.
Es sumamente importante generar consciencia en la comunidad, solidaridad y empatía respecto a las personas privadas de la libertad, pues hay un desconocimiento de su situación particular, la mayoría no tiene o ha tenido acceso a una defensa jurídica adecuada, y la pena privativa de libertad se padece lo suficiente, como para además vivir la violación de derechos humanos al interior de los centros, la falta de productos básicos, el estigma social, el abandono familiar, que principalmente lo sufren las mujeres, o la prohibición del desarrollo libre de la personalidad.
Afortunadamente, como se señaló, en nuestro estado hay voluntad política y se siguen manteniendo importantes avances en el mejoramiento de los Centros Penitenciarios y en la garantía de los derechos humanos, recordemos que la transformación social y en este caso, del Sistema Estatal Penitenciario es una corresponsabilidad comunitaria.
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