Mientras la Policía Estatal reportó 286 detenciones en la capital durante los primeros siete meses de 2026, la corporación municipal registró apenas 46; la diferencia abre cuestionamientos sobre la capacidad operativa y la estrategia de seguridad del gobierno encabezado por Riult Rivera.

La seguridad pública se perfila como uno de los flancos más delicados para la administración municipal de Colima. Los datos difundidos sobre detenciones y capacidad de patrullaje muestran una marcada diferencia entre la actuación de la Policía Estatal y la corporación bajo responsabilidad del Ayuntamiento capitalino.

De acuerdo con las cifras referidas, entre enero y julio de 2026 la Policía Estatal realizó 286 detenciones dentro del municipio de Colima, frente a únicamente 46 de la Policía Municipal.

El dato es contundente: por cada detención reportada por la corporación capitalina, la Policía Estatal realizó aproximadamente 6.2.

Ocho patrullas municipales frente a 31 estatales

La diferencia operativa también estaría en las calles. La información señala que la Policía Estatal dispone de 31 patrullas operativas en la capital, mientras que la corporación municipal cuenta con ocho unidades.

El contraste obliga a cuestionar las prioridades de la administración del alcalde Riult Rivera Gutiérrez: ¿cuenta la Policía Municipal con presupuesto, personal, equipamiento y una estrategia suficientes para asumir la responsabilidad que le corresponde en materia de seguridad?

La comparación con otros municipios también resulta desfavorable. En el mismo periodo se reportan 449 detenciones municipales en Manzanillo, 149 en Tecomán y 48 en Villa de Álvarez, mientras Colima capital contabiliza 46.

La cifra por sí sola no permite medir toda la eficacia policial —pues cada municipio enfrenta condiciones demográficas, delictivas y operativas distintas—, pero sí constituye un indicador que merece explicación pública.

Mientras tanto, bajaron los homicidios en el estado

La información también atribuye resultados a la estrategia estatal de seguridad. Tras la implementación de la denominada Estrategia Baluarte, iniciada el 16 de marzo, los homicidios dolosos habrían pasado de 63 en abril a 49 en mayo, 45 en junio y 20 durante julio.

De confirmarse bajo una misma metodología estadística, la reducción entre abril y julio sería de aproximadamente 68%.

Aquí aparece el punto políticamente incómodo para el Ayuntamiento: mientras el Gobierno del Estado fortalece su presencia en la capital y reporta resultados, la corporación municipal muestra indicadores considerablemente menores.

Pero sería incorrecto cargar la responsabilidad sobre los policías que diariamente salen a las calles. Los agentes no determinan cuántas patrullas se compran, cuánto presupuesto se destina a seguridad, cuántos elementos se contratan ni cuál será la estrategia institucional.

Esas decisiones corresponden a quienes gobiernan.

Por ello, el debate debe colocarse directamente en el Ayuntamiento y en la administración de Riult Rivera. La pregunta no es únicamente cuántas detenciones realiza su policía, sino por qué la capital del estado parece necesitar una presencia estatal considerablemente mayor para atender su seguridad.

La coordinación entre órdenes de gobierno es indispensable y sería absurdo cuestionarla. Lo preocupante sería que esa coordinación termine convirtiéndose en dependencia operativa.

Riult Rivera tiene frente a sí cifras que requieren algo más que discursos: debe explicar por qué su Policía Municipal registra apenas 46 detenciones en siete meses, por qué dispone de sólo ocho patrullas operativas y qué está haciendo su administración para fortalecer una de las responsabilidades fundamentales de cualquier gobierno municipal.

Porque cuando se habla de seguridad pública, las fotografías y declaraciones pesan poco.

Los resultados pesan mucho más.

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