Vinculan a proceso a la exalcaldesa de Manzanillo y a exfuncionarios de su administración por presuntos delitos de corrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima informó que, tras la imputación presentada el pasado 13 de agosto, este 20 de agosto un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, así como contra varios exfuncionarios de su administración, entre ellos: Héctor “N”, Eduardo “N”, Rosa “N”, Karla “N”, Zarina Joselyn “N”, Daniel “N”, Martha “N” y Sara “N”.

La audiencia, que se prolongó hasta la madrugada, concluyó con la determinación judicial de que existen indicios suficientes para continuar con el proceso penal en su contra.

Los delitos imputados

De acuerdo con la resolución, los exservidores públicos son investigados por su probable participación en los delitos de:

Peculado (desvío de recursos públicos).
Uso ilícito de atribuciones y facultades.
Violación a la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, durante el cual el Ministerio Público deberá fortalecer su acusación con pruebas adicionales.

Medidas cautelares

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó y obtuvo la medida cautelar de separación inmediata del cargo para las actuales regidoras del Ayuntamiento, Martha “N” y Sara “N”, quienes formaban parte del equipo cercano de la exedil. Con esta decisión, se busca evitar que las imputadas influyan en testigos o en el desarrollo de la investigación.

Contexto jurídico

Conviene precisar que la vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria. En el marco del sistema penal acusatorio mexicano, este acto judicial significa que se han encontrado elementos suficientes para presumir la participación de los imputados en los delitos señalados, lo que permite a la Fiscalía continuar con la investigación formal.

Los acusados mantienen su derecho constitucional a la presunción de inocencia, y será en etapas posteriores cuando se determine, con base en las pruebas, si existe responsabilidad penal.

Repercusiones

El caso marca un episodio significativo en la vida política de Manzanillo y del estado de Colima. La decisión judicial no solo afecta la trayectoria de la exalcaldesa Griselda Martínez y su círculo cercano, sino que también envía un mensaje sobre el escrutinio cada vez más estricto a la gestión de recursos públicos en los municipios.

La investigación complementaria será clave: si la Fiscalía logra acreditar la desviación de recursos y el abuso de funciones, los imputados podrían enfrentar sanciones penales y administrativas de gran alcance.