La opacidad en el proceso de entrega-recepción en Manzanillo y sus posibles implicaciones.
Por Noemí Hernández
Manzanillo, Col. En una entrevista exclusiva con E1 Debate Colima, el abogado Fernando Escalona, miembro del equipo de transición de la Presidenta Municipal Electa de Manzanillo, Rosi Bayardo, denunció la falta de transparencia por parte de la administración saliente, encabezada por la alcaldesa Griselda Martínez. Escalona afirmó que, a pesar de las reuniones y recorridos organizados por el equipo actual, la información documental clave para el proceso de entrega-recepción ha sido negada deliberadamente.
El proceso de entrega-recepción en el gobierno municipal de Manzanillo ha generado una fuerte polémica que no puede pasar desapercibida. Las recientes declaraciones del abogado Fernando Escalona, miembro del equipo de transición de la Presidenta Municipal Electa Rosi Bayardo, apuntan a una grave falta de transparencia por parte de la administración saliente, encabezada por Griselda Martínez. La negativa de entregar la documentación necesaria para garantizar una transición ordenada y conforme a la ley, tal como señala Escalona, no solo revela posibles irregularidades administrativas, sino que también plantea interrogantes de carácter jurídico y político.
“Nos hemos encontrado con una posición del gobierno municipal saliente de no querer actuar con transparencia y ocultar información. Nos han negado acceso a documentación a la que tenemos derecho, conforme a lo establecido en la ley”, declaró Escalona.
Añadió que, aunque se han sostenido algunas reuniones donde se han dado explicaciones verbales, la documentación necesaria para evaluar el estado de la administración pública no ha sido entregada. Esta situación los llevó, el pasado 19 de septiembre, a tramitar oficios dirigidos a la presidenta municipal en los que se requería información sobre el estado de los servicios públicos, tales como el suministro de agua, la recolección de basura y el alumbrado público.
El equipo de transición expresó su preocupación por la negativa de compartir la información y sugiere que esta omisión podría estar relacionada con problemas no revelados en la administración actual.
“Nos preocupa mucho esta instrucción de no compartir información, genera muchas dudas. El que nada debe, nada teme”
Señaló Escalona, e insistió en la necesidad de contar con un diagnóstico claro y documentado para evitar la interrupción de servicios esenciales para los manzanillenses.
Escalona también destacó que la falta de transparencia podría tener implicaciones graves para el inicio del nuevo gobierno. Además, mencionó que han estado en contacto con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) para buscar alternativas en caso de que la administración saliente continúe negando el acceso a la información.
Una de las vías que el equipo de transición de Rosi Bayardo ha señalado es la intervención del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), lo cual es clave para garantizar que las irregularidades en la entrega-recepción se aborden con seriedad. OSAFIG tiene el mandato constitucional de revisar las cuentas públicas y asegurar que el proceso de entrega-recepción se realice conforme a la ley.
En este contexto, OSAFIG podría ser garante de salvaguardar la legalidad del proceso y evitar que la falta de transparencia derive en una crisis administrativa durante los primeros días del nuevo gobierno.
Si se demuestra que hubo negligencia o mala fe por parte de la administración saliente, las sanciones legales podrían ser ejemplares y generar un precedente importante en la política colimense.
El escenario descrito por el abogado Escalona no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas.
Una entrega-recepción fallida afecta de manera directa la operatividad del nuevo gobierno, en este caso, el encabezado por Rosi Bayardo. El equipo entrante debe iniciar su gestión con claridad sobre el estado de la administración pública, especialmente en áreas tan sensibles como el manejo de servicios públicos, como la recolección de basura, el suministro de agua y el alumbrado público.
La negativa a entregar información, según lo declarado, genera sospechas de irregularidades o posibles ocultamientos de problemas financieros, deudas con contratistas o deficiencias en la ejecución de obras.
Este tipo de acciones podría ser percibido como un intento de desestabilizar al nuevo gobierno desde su inicio, lo que generaría una crisis de confianza entre los ciudadanos y afectaría la imagen de la administración entrante.
En particular, el equipo de Rosi Bayardo busca claridad sobre la deuda a corto plazo que la administración de Griselda Martínez ha reconocido, así como sobre los contratistas y proveedores pendientes de pago. Escalona recalcó la importancia de tener un desglose detallado de las obras en curso, quiénes están ejecutándolas y cuánto se les debe, con el fin de garantizar una transición ordenada y transparente.
La situación abre la puerta a un análisis más profundo sobre las razones detrás de esta opacidad. Aunque Escalona se mostró prudente en sus declaraciones, insinuó que podría haber “una intención de generar inestabilidad” para el nuevo gobierno. Esto invita a cuestionar si la administración de Griselda Martínez está buscando obstaculizar el inicio del mandato de Rosi Bayardo por razones políticas.
En un contexto en el que los gobiernos municipales suelen estar dominados por la política partidista, recordemos que la alcaldesa de Manzanillo la última etapa de su gobierno la llevó de la mano del Partido Político Movimiento Ciudadano y las fricciones entre administraciones entrantes y salientes no son infrecuentes. Sin embargo, la falta de transparencia, además de ser ilegal, envía un mensaje negativo a la ciudadanía, sugiriendo que los intereses políticos pueden estar por encima del bienestar colectivo. Esta táctica puede tener repercusiones para Griselda Martínez y su grupo político, al generar una percepción de opacidad y desinterés por el correcto funcionamiento de la administración pública.
Fernando Escalona reiteró el llamado a la presidenta municipal saliente para que actúe conforme a la ley y en beneficio de los manzanillenses, poniendo por encima el interés público. “Queremos recibir el gobierno con claridad, con soporte documental y con la información necesaria para asegurar la continuidad de los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos”, concluyó.
El marco jurídico del proceso de Entrega-Recepción en Colima, al igual que en muchos otros estados de México, establece de manera clara el derecho y la obligación de las autoridades salientes de proporcionar al equipo entrante toda la información necesaria para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Este proceso incluye un desglose documental sobre el estado financiero, los contratos, deudas, avances en obras públicas y otros aspectos administrativos clave.
La omisión de entregar esta información contraviene la normativa vigente y podría considerarse una violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que obliga a los servidores públicos a actuar con transparencia y rendición de cuentas. Si la falta de colaboración y ocultamiento de información se confirma, esto podría dar lugar a responsabilidades legales para los funcionarios salientes, incluidos procesos de sanción administrativa e incluso responsabilidades penales, en caso de que se detecten actos de corrupción o malversación de fondos.
Finalmente, es importante no perder de vista el impacto que este conflicto tiene en la percepción de los ciudadanos de Manzanillo. Las transiciones gubernamentales son, en esencia, un acto de continuidad democrática que debe realizarse con transparencia y responsabilidad. Cuando estos principios se vulneran, como parece ser el caso, los ciudadanos pierden confianza tanto en el gobierno saliente como en el entrante.
El llamado del Abogado Fernando Escalona y el equipo de transición de la Presidenta Electa a actuar con “responsabilidad” y en “beneficio de los manzanillenses” tiene eco en un contexto en el que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para mantener la estabilidad política. Si el nuevo gobierno no logra acceder a la información clave para su correcta operación, el mayor perjudicado será la población, que podría enfrentar una interrupción de los servicios básicos o una gestión limitada por la falta de datos concretos.
El proceso de entrega-recepción en Manzanillo está rodeado de tensiones políticas y posibles implicaciones jurídicas que podrían definir los primeros meses de la administración de Rosi Bayardo. La negativa a compartir información por parte del gobierno de Griselda Martínez podría generar un conflicto legal, pero sobre todo pone en juego la estabilidad política y administrativa del municipio. Es esencial que las autoridades competentes, como OSAFIG, actúen de manera rápida y contundente para garantizar que el cambio de gobierno se realice conforme a la ley y en beneficio de todos los manzanillenses.
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