Regidores de Manzanillo se aprueban más de 25 millones en bonos por concluir administración
Manzanillo, 06 de octubre de 2024 – A solo nueve días del cambio de administración municipal, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, y la mayoría de su Cabildo aprobaron la entrega de un millonario bono que suma 25 millones 547 mil 116 pesos, destinado a los regidores y trabajadores de confianza. Esta decisión ha desatado un fuerte debate sobre la legalidad y la ética de dicha medida.
La aprobación del bono, que se llevó a cabo el 4 de octubre durante una sesión del Cabildo, contempla una suma cercana a los 300 mil pesos para la alcaldesa, mientras que los regidores y el personal de confianza recibirán montos variados. A pesar de las objeciones planteadas por el síndico Cristian Bolaños, quien solicitó la reversión de la medida, Martínez argumentó que la propuesta no fue suya, aunque terminó respaldándola.
Durante la misma sesión, la presidenta municipal pidió a aquellos regidores que se opusieron al bono que devolvieran el dinero, sin ofrecer una explicación clara sobre el destino de estos fondos.
Días previos a esta decisión, el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Héctor Luna Ortiz, había solicitado formalmente una transferencia presupuestal por el monto mencionado, lo que sugiere un intento de ajustar los salarios para incluir este polémico bono a poco tiempo de dejar el cargo.
Consecuencias legales de aceptar el bono
En una rueda de prensa, Fernando Escalona, abogado de la comisión de entrega-recepción del equipo de transición de Rosi Bayardo, calificó el bono como ilegal e instó a los beneficiarios a devolver el dinero o enfrentar las repercusiones legales pertinentes. La situación plantea serias implicaciones jurídicas, especialmente en el marco de la Ley de Austeridad y el Código Municipal.
Escalona argumentó que aceptar un bono en estas circunstancias puede considerarse un abuso de poder y un desvío de recursos públicos. Según la normativa, los funcionarios no pueden beneficiarse de decisiones que favorezcan sus intereses personales en el contexto del cierre de una administración. Las consecuencias pueden variar desde sanciones administrativas hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.
La situación en Manzanillo resalta la necesidad de transparencia y responsabilidad en la administración pública, especialmente en momentos de transición de gobierno. La comunidad, a la espera de un nuevo liderazgo, observa con atención cómo se desarrollarán los acontecimientos en los días siguientes.
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