Queda al descubierto operación digital desde cuentas vinculadas al Ayuntamiento de Colima contra la 4T
Un trabajo periodístico realizado por este medio documentó evidencias que apuntan a una operación digital sistemática dirigida contra figuras políticas de la Cuarta Transformación (4T), presuntamente instrumentada desde entornos vinculados al equipo que administra las redes sociales del alcalde de Colima.
La prueba más contundente se registró el 9 de enero, cuando una publicación del medio Archivo Digital Colima, titulada “México, tercer lugar en salario mínimo en América Latina”, recibió una reacción de “me divierte” por parte de la cuenta oficial de Facebook del H. Ayuntamiento de Colima, una acción que rompe con cualquier principio de neutralidad institucional.
Aunque la reacción fue eliminada minutos después, este medio logró capturar y documentar el hecho antes de su supresión, lo que sugiere que quienes administran las cuentas oficiales operan de manera paralela en dinámicas de confrontación política, y que el error ocurrió al reaccionar desde un perfil institucional que no debía ser utilizado para ese fin.
El análisis de las interacciones permitió identificar que varias de las cuentas que reaccionaron de la misma manera a dicha publicación coinciden sistemáticamente con perfiles que interactúan de forma favorable y recurrente en contenidos del Ayuntamiento de Colima y del propio presidente municipal, lo que refuerza la hipótesis de una acción digital coordinada, más que de un hecho aislado o accidental.
Estos elementos se suman a un patrón más amplio observado desde 2024, periodo en el que se ha registrado un incremento sostenido de ataques, cuestionamientos y narrativas adversas dirigidas contra el Gobierno del Estado de Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y otros actores políticos de la 4T. Dichas acciones provienen tanto de páginas identificadas como espacios de guerra sucia, como de perfiles apócrifos y cuentas reales que operan de manera sincronizada.
El caso expone una problemática de fondo: el uso indebido de cuentas oficiales para intervenir en disputas políticas, una práctica que no solo vulnera la ética de la comunicación institucional, sino que compromete la confianza pública en los canales oficiales de un gobierno municipal.
Más allá de un “error humano”, los hechos documentados abren la discusión sobre la existencia de estrategias digitales encubiertas, ejecutadas desde estructuras formales de gobierno, y plantean interrogantes sobre quién define, autoriza y supervisa el uso político de plataformas que deberían servir exclusivamente al interés ciudadano.
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