El caso del maestro Esteban: ¿Justicia o criminalización del magisterio?
Por Redacción E1 / Análisis Especial
Colima, México – Julio 2025
El veredicto de culpabilidad contra el maestro Esteban Canchola, acusado de omisión de auxilio por la muerte de un alumno en Mexicali, ha sacudido al sistema educativo nacional. Más allá de un caso judicial, se ha convertido en un símbolo de las fallas estructurales que enfrentan diariamente los docentes mexicanos, y ha abierto una profunda reflexión sobre la precariedad de los protocolos escolares, la fragilidad institucional y los límites entre la responsabilidad moral y la responsabilidad penal.
Una tragedia que terminó en tribunales
El 30 de octubre de 2023, durante el recreo, el menor Martín Damián, de siete años, sufrió un golpe en la cabeza mientras jugaba con sus compañeros. A pesar de presentar síntomas como dolor y malestar, el protocolo escolar fue activado: el niño fue llevado por sus padres a una clínica privada, donde le diagnosticaron un “golpe sin complicaciones” y fue dado de alta.
Sin embargo, horas más tarde comenzó a vomitar en proyectil y a convulsionar. Días después, fue declarado con muerte cerebral. La causa de su fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico no detectado a tiempo, y la omisión de realizar estudios como una tomografía fue clave.
Aunque la atención médica fue, según informes periciales, deficiente y negligente, las autoridades no iniciaron ningún procedimiento contra el personal médico ni contra la institución que brindó el servicio. En cambio, fue el maestro Esteban quien enfrentó el proceso legal.
El proceso judicial
En abril de 2024, el Ministerio Público presentó cargos por omisión de auxilio, argumentando que el maestro no tomó las medidas adecuadas ante el estado de salud del menor. La defensa presentó pruebas de que sí se notificó a la dirección escolar, se comunicó con la familia y se actuó conforme al protocolo vigente.
No obstante, el pasado 27 de junio de 2025, el juez emitió una sentencia condenatoria. La pena impuesta fue seis meses de libertad condicionada y firma periódica ante la autoridad. Esteban no irá a prisión, pero el proceso ha dejado una marca irreversible en su vida profesional y personal. El docente ha apelado el fallo.
¿Un fallo justo o un precedente peligroso?
Más de 200 organizaciones magisteriales, sindicatos y colectivos de derechos humanos se han pronunciado públicamente a favor del maestro. La preocupación no es solo por la sentencia, sino por el precedente que establece para el magisterio nacional: que un accidente escolar pueda derivar en una acusación penal contra el docente, aun cuando se haya actuado conforme a lo establecido.
El 80% de los organismos operadores del sistema educativo nacional no cuentan con protocolos de atención médica de emergencia actualizados, y menos del 10% de las escuelas públicas del país tienen personal médico o paramédico asignado. En muchos casos, el maestro es el primero —y único— que responde ante un accidente.
Si el criterio judicial aplicado a Esteban se extiende, cualquier docente podría enfrentar cárcel por eventos fortuitos fuera de su control. El temor se extiende a las aulas rurales, a los preescolares, a las escuelas sin infraestructura, donde los profesores son no solo educadores, sino cuidadores, orientadores, psicólogos y gestores.
La dimensión humana y política
El dolor de la familia del menor es incuestionable. Pero el señalamiento exclusivo al maestro no atiende la raíz del problema: la precariedad estructural de un sistema educativo al que se le exige todo, pero se le dota de casi nada.
Esta sentencia no resuelve la muerte de un niño ni previene futuros casos. Lo que sí hace es exponer la vulnerabilidad legal de miles de maestros, muchos de los cuales, a partir de ahora, podrían actuar con temor, con reserva, o incluso rehusarse a tomar decisiones por miedo a ser criminalizados.
Más aún, el caso ha dejado al descubierto una ausencia total de responsabilidades compartidas. Ni la clínica, ni los médicos que atendieron al menor, ni las autoridades escolares o educativas han sido llamadas a rendir cuentas.
Un llamado a la reflexión colectiva
El caso Esteban pone sobre la mesa una verdad incómoda: el sistema no está preparado para proteger ni a los niños ni a los maestros. Y ante esa realidad, ¿es justo que sea el eslabón más débil el que pague las consecuencias?
Es momento de repensar no solo los protocolos, sino la cultura institucional que delega responsabilidades sin respaldo, que castiga al individuo para salvar a la estructura. Si hoy fue Esteban, mañana podría ser cualquier otro. La enseñanza no debería ser una profesión de riesgo legal.
Se necesita una revisión urgente de los marcos legales, una capacitación real y continua en manejo de emergencias, y sobre todo, un acompañamiento jurídico y emocional al magisterio, que todos los días carga con la enorme responsabilidad de cuidar vidas ajenas en contextos adversos.
Este caso no solo habla de una tragedia escolar. Habla de un sistema que, en su rigidez e indiferencia, puede convertir a un maestro en chivo expiatorio.
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