Peña Nieto bajo la lupa por millonario soborno vinculado a Pegasus
Redacción E1 | Ciudad de México
Una vieja herida de la política mexicana ha sido reabierta por una investigación judicial extranjera. Esta semana, el medio israelí The Marker sacudió el escenario internacional al revelar que empresarios vinculados a la empresa NSO Group —fabricante del sistema de espionaje Pegasus— declararon en un arbitraje haber entregado 25 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno mexicano. La persona en el centro de la acusación: el expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el reportaje, los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Emmanuel Ansbacher, quienes fungieron como intermediarios en los contratos entre México y NSO, habrían aportado esa cifra a un funcionario de “más alto nivel” identificado únicamente como “N” —alusión directa, según el medio, a Peña Nieto—. La finalidad: garantizar la venta de Pegasus y otros servicios de seguridad durante su sexenio (2012–2018).
La acusación no es menor. Pegasus ha sido objeto de escándalo global por su capacidad para infiltrarse en teléfonos móviles sin dejar rastro, lo que permitió espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos e incluso figuras del mismo gobierno. En México, múltiples investigaciones revelaron su uso indiscriminado, en particular por dependencias como la Sedena, el CISEN y la extinta PGR.
Una disputa que reveló millones bajo la mesa
El origen de la información no está en una investigación penal, sino en un arbitraje civil entre los dos socios israelíes, quienes discutían el reparto de ganancias obtenidas por los contratos con México. En ese proceso, uno de ellos admitió que parte del dinero fue canalizado directamente para “engrasar la maquinaria” del gobierno mexicano y facilitar negocios con NSO Group, fabricante de Pegasus.
De acuerdo con The Marker, el pago millonario habría sido entregado entre 2012 y 2014, justo cuando México se convirtió en uno de los principales clientes de Pegasus a nivel mundial. La operación incluyó no sólo la compra del software espía, sino también drones, uniformes militares y tecnología de vigilancia.
La respuesta de Peña Nieto: descalificación sin pruebas
El exmandatario no tardó en reaccionar. Desde su cuenta en la red social X, Peña Nieto calificó la información como “una insinuación carente de sustento alguno” y criticó a los medios por reproducir lo que llamó “notas sin el mínimo rigor periodístico”.
“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota de supuestas aportaciones. Queda la duda en interés de quiénes se hace tal publicación”, escribió el expresidente.
Sin embargo, más allá de su rechazo público, no presentó documentos o pruebas que refuten las declaraciones vertidas en el arbitraje.
¿Qué tan creíble es la acusación?
Aunque la denuncia no proviene de una fiscalía, su origen en un arbitraje legal ante tribunales internacionales le otorga cierta veracidad documental. The Marker tuvo acceso a esos archivos, lo que implica que los dichos están registrados formalmente en el contexto de una disputa jurídica.
Expertos legales han señalado que, si bien estos documentos no constituyen por sí mismos una prueba de delito, pueden ser suficientes para abrir una carpeta de investigación si las autoridades mexicanas consideran que hay elementos consistentes.
En ese sentido, la Fiscalía General de la República no ha emitido comentarios hasta el momento, lo que ha desatado críticas en redes sociales por la aparente inacción ante una acusación de esa magnitud.
Espionaje, poder y corrupción: un triángulo conocido
El caso revive los peores temores sobre el uso de Pegasus en México. Investigaciones previas, como las realizadas por Citizen Lab y medios como The New York Times o Aristegui Noticias, ya habían documentado cómo el software fue utilizado para espiar a periodistas como Carmen Aristegui, activistas como Alejandro Solalinde e incluso funcionarios del mismo gobierno.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también confirmó que Pegasus fue adquirido por el Ejército mexicano, aunque negó su uso en su administración.
Lo que ahora sale a la luz es una supuesta red de corrupción detrás de su adquisición, donde el soborno habría sido un componente estructural para abrir las puertas del poder.
Una pregunta abierta: ¿habrá consecuencias?
Hasta ahora, el exmandatario sólo ha desmentido las acusaciones a través de redes sociales. Pero la opinión pública comienza a exigir algo más: una investigación formal, transparencia en los contratos firmados con NSO Group y, sobre todo, una revisión profunda del papel que jugó el Estado mexicano en el uso del espionaje ilegal.
El tema es particularmente sensible en un país donde la libertad de prensa enfrenta múltiples desafíos, y donde más de 30 periodistas han sido asesinados en lo que va del sexenio actual.
Los 25 millones de dólares, más allá de la cifra, representan el costo de algo más valioso: la confianza pública. Y esa, una vez traicionada, no se recupera fácilmente.
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